¿Debe el Govern subvencionar las obras de restauración que la Iglesia lleva a cabo en sus templos?

elmundo-eldia.com 17-11-2007

SÍ. ¿Quién beneficia a quién?
GASPAR SABATER . El diario El País pregonaba en el año 2001, con gran escándalo, que el Estado financiaba las actividades de la Iglesia católica con más de medio billón de pesetas al año. Según los datos aportados por el diario resultaba, sin embargo, que la aportación principal –420.000 millones– correspondía a las subvenciones por enseñanza concertada que, obviamente, sirven para financiar la educación de los alumnos. El resto, para pagar a los profesores de religión, subvencionar a ONG’s de la iglesia, centros hospitalarios y de asistencia social y, finalmente, sólo 7.000 millones para el mantenimiento del patrimonio histórico-artístico.
Si se calculara lo que la Iglesia le ahorra al Estado, se ha argumentado en contra, habría que contabilizar la inversión en construcciones escolares, ya que si el Estado tuviera que hacerse cargo de la enseñanza concertada tendría que hacer enormes inversiones o, por otro lado, asumir la acción social que realiza la Iglesia a través de Cáritas, los centros hospitalarios, las casas de ancianos y de inválidos y los orfanatos y guarderías, gran parte de los cuales se financian con aportaciones recaudadas por instituciones de la Iglesia. Y el balance de todo ello supone que la Iglesia beneficia más al Estado que el Estado a la Iglesia.
Así las cosas está fuera de lugar cuestionarse ahora si el Govern debe subvencionar parte de las obras que actualmente lleva a cabo la Iglesia en numerosos templos. Y lo está, porque si bien estos edificios, la mayor parte de los cuales se destinan al culto, forman parte del patrimonio de la Iglesia, son también patrimonio de la sociedad y como tal es a ella a quien le corresponde su conservación ya que constituye, en su mayoría, el más valioso patrimonio histórico-arquitectónico que posee. Y además porque, aunque lo administre la Iglesia, no obtiene del mismo beneficio suficiente como para garantizar su necesaria conservación.
Si el Govern balear le debe actualmente a la Iglesia de Mallorca 2 millones de euros por las obras que se realizan en seis templos de la Isla, en cumplimiento del convenio que rige de 2006 a 2010 según el cual debía subvencionarse en un 60% las obras de rehabilitación de 26 templos, debe pagar lo acordado. Y no sólo esto, sino que debería continuar subvencionando en el futuro, por dignidad, las obras que hagan falta para que no se degrade este patrimonio, porque no sólo es el más valioso de las Islas, sino que constituye también, en al plano cultural, uno de nuestros mayores atractivos.

NO. Buscando a Caloia
JOAN PERICAS. De acuerdo al convenio suscrito en 2006 entre el Govern de les Illes Balears y la Diócesis de Mallorca todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma, seamos o no seamos católicos, venimos obligados a pagar el 60% de las obras de reforma de un total de 26 iglesias. Lógicamente, la conservación del patrimonio histórico nos compete a todos. Ahora bien, si de mí dependiera variaría considerablemente el articulado del Decreto 71/1994 por el que se regulan este tipo de ayudas para la rehabilitación del patrimonio arquitectónico de la Comunidad.
No considero adecuado que el beneficiario de la ayuda, además de mantener la propiedad sobre el inmueble, sea quien sufrague la parte más pequeña. En el caso de la Iglesia Católica, además, cabe hacer varias consideraciones que no son poco importantes.
En primer lugar los templos católicos fueron edificados sobre las espaldas y los bolsillos de los creyentes y no creyentes (si podía haberlos), cuando negarse a sufragar su edificación suponía condenarse al fuego eterno. Esos templos, por tanto, son del pueblo al que se atemorizó y subyugó bajo el temor del infierno. Un chantaje verdaderamente lucrativo.
Resulta intolerable que sólo los administradores de Dios ostenten la propiedad de lo que corresponde a la totalidad de los hombres. En segundo lugar, la Diócesis de Mallorca resulta ser autónoma para lo que conviene y genuflexa ante Roma para lo que no le conviene.
Al primero al que debería pedir cuentas el Obispo de Mallorca es al Gobierno de su organización. Ya le gustaría al Govern de Francesc Antich disponer de los fondos que maneja Angelo Caloia, presidente del Instituto para las Obras de la Religión, el sucesor del célebre arzobispo Marcinkus, el proveedor de fondos de Juan Pablo II para organizar la resistencia a través del sindicato Solidaridad y acabar con el régimen comunista en Polonia.
Prefiero no entrar en detalle sobre los negocios vaticanos, pero si tuviera que desempeñar tareas de gobierno los tendría muy en cuenta a la hora de valorar la concesión de ayudas a la Iglesia Católica.
Y en tercer lugar, ni un solo euro de los ciudadanos debería entregarse a una organización privada como es la Iglesia Católica sin una exhaustiva auditoría. Deberíamos conocer la totalidad de subvenciones que recibe la Diócesis de Mallorca y qué hace con los fondos públicos y privados que recibe. Efectivamente, no me fío. ¿Y quién puede con todo lo que hemos aprendido de su ejemplo?