diariodemallorca.es 31-7-2008Los dueños dicen conservar una carta en la que la institución insular se disculpa por intervenir en el inmueble en 2001
La familia Ordinas ratifica que todo en castell salvo el oratorio es de su propiedad.
MATEU CUART. PALMA. La "provocación directa hacia la familia" que, a juicio de su representante, Miguel Ángel Ordinas, supone la actitud del Consell, que el martes dio por hecho que las ruinas del castell de Alaró son propiedad del Estado, amparándose en un documento de Delegación de Hacienda fechado en enero de 1965 y en la confirmación en el mismo sentido remitida por el ministerio homónimo, no han modificado en absoluto los términos en los que se pronuncian los que se consideran sus legítimos propietarios.
"Nos ratificamos en todo", declaró ayer Ordinas, quien insistió en que el inmueble se encuentra en manos privadas desde 1885, cuando el Estado sacó a subasta pública el conjunto, con la salvedad del oratorio, y que ayer se limitó a advertir que "si la Administración, ahora o más adelante, lleva a cabo obras de restauración sin nuestro consentimiento, emprenderemos acciones judiciales".
Poco partidario de iniciar un debate estéril sobre la prelación entre los documentos aportados por las distintas partes implicadas -la suya se aferra a la escritura pública, inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Inca y en la que al parecer se detallan los elementos incluidos, entre los que se encuentran "murallas, la cova de Sant Antoni, aljibes, los edificios de Obra Nova, los establos y la Taverneta"-, el letrado se pronunció sobre la posibilidad de un acuerdo. "Si ellos consideran que son los dueños de las murallas, dudo que quieran firmar ningún convenio con nosotros", reflexionó Ordinas, quien dijo no sentirse sorprendido por las intenciones del Consell.
Suponen, a su juicio, un regreso a 2001, cuando el departamento de Cultura de la institución insular "estando, como ahora, en manos del PSM, y siendo directora insular de Cultura Joana Maria Palou, comenzó a hacer obras en los aljibes, y la familia tuvo que llamar a la Guardia Civil para pararlas". Después, el Consell remitió una carta a la familia pidiendo disculpas. "Reconocieron que habían olvidado pedirnos permiso", abunda Ordinas sobre una misiva que dice conservar en su haber.
El intento por demostrar ahora la titularidad estatal supone, para Ordinas, "un intento por ponernos a la gente en contra" que "demuestra que tanto en el Consell como en el ayuntamiento de Alaró hay muchos nervios por la demanda que interpusimos en 2007 contra el Obispado de Mallorca, reclamando nuestra propiedad sobre varios edificios" y que, de admitirse, podría suponer que el Consell haya invertido dinero público sobre una propiedad privada.
La familia Ordinas ratifica que todo en castell salvo el oratorio es de su propiedad.
MATEU CUART. PALMA. La "provocación directa hacia la familia" que, a juicio de su representante, Miguel Ángel Ordinas, supone la actitud del Consell, que el martes dio por hecho que las ruinas del castell de Alaró son propiedad del Estado, amparándose en un documento de Delegación de Hacienda fechado en enero de 1965 y en la confirmación en el mismo sentido remitida por el ministerio homónimo, no han modificado en absoluto los términos en los que se pronuncian los que se consideran sus legítimos propietarios.
"Nos ratificamos en todo", declaró ayer Ordinas, quien insistió en que el inmueble se encuentra en manos privadas desde 1885, cuando el Estado sacó a subasta pública el conjunto, con la salvedad del oratorio, y que ayer se limitó a advertir que "si la Administración, ahora o más adelante, lleva a cabo obras de restauración sin nuestro consentimiento, emprenderemos acciones judiciales".
Poco partidario de iniciar un debate estéril sobre la prelación entre los documentos aportados por las distintas partes implicadas -la suya se aferra a la escritura pública, inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Inca y en la que al parecer se detallan los elementos incluidos, entre los que se encuentran "murallas, la cova de Sant Antoni, aljibes, los edificios de Obra Nova, los establos y la Taverneta"-, el letrado se pronunció sobre la posibilidad de un acuerdo. "Si ellos consideran que son los dueños de las murallas, dudo que quieran firmar ningún convenio con nosotros", reflexionó Ordinas, quien dijo no sentirse sorprendido por las intenciones del Consell.
Suponen, a su juicio, un regreso a 2001, cuando el departamento de Cultura de la institución insular "estando, como ahora, en manos del PSM, y siendo directora insular de Cultura Joana Maria Palou, comenzó a hacer obras en los aljibes, y la familia tuvo que llamar a la Guardia Civil para pararlas". Después, el Consell remitió una carta a la familia pidiendo disculpas. "Reconocieron que habían olvidado pedirnos permiso", abunda Ordinas sobre una misiva que dice conservar en su haber.
El intento por demostrar ahora la titularidad estatal supone, para Ordinas, "un intento por ponernos a la gente en contra" que "demuestra que tanto en el Consell como en el ayuntamiento de Alaró hay muchos nervios por la demanda que interpusimos en 2007 contra el Obispado de Mallorca, reclamando nuestra propiedad sobre varios edificios" y que, de admitirse, podría suponer que el Consell haya invertido dinero público sobre una propiedad privada.
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