El Ministerio de Hacienda ratifica que las murallas y la torre del homenaje son de titularidad estatal.
M. ELENA VALLÉS. PALMA. La consellera insular de Cultura y vicepresidenta del Consell, Joana Lluïsa Mascaró, anunció ayer que "da por hecho" que las ruinas del castell de Alaró son propiedad del Estado. Sus palabras vinieron a ampararse en la primera confirmación que ha recibido la institución insular desde Madrid, concretamente del Ministerio de Hacienda, organismo que gestiona el Patrimonio del Estado.
El Consell, así como el Ayuntamiento de Alaró y la Fundació Castell de Alaró, aguardan en estos momentos la ratificación oficial del Ministerio de Cultura, administración en la que supuestamente habría recaído la potestad sobre el edificio en virtud de un acta de afectación fechada en Palma el 19 de noviembre de 1969, a partir de la cual se procedía a la entrega de la fortificación a este ministerio (anteriormente conocido como de Educación y Ciencia).
La contestación por parte del Ministerio de Hacienda, que llegó a través de la delegación balear, fue recibida en el Consell el pasado 23 de julio. "En ella se decía que efectivamente tal y como constaba en los documentos encontrados el castell pertenece al Estado", corrobora Mascaró. En 1968, a través de una orden ministerial, Hacienda pone la fortificación a la venta y declara el edificio alienable, pues "se encuentra completamente ruinoso, restando tan sólo algunos muros, la puerta de entrada al castillo e igualmente ruinosa la torre del homenaje, lindando por derecha, izquierda y fondo con Antonio Ordinas Pons". Al no cumplir el castillo finalidad alguna en el Patrimonio del Estado ni ser susceptible de aplicación a servicios públicos, se decide sacarlo a venta pública. Sin embargo, en febrero de 1969, el Ministerio de Educación y Ciencia demanda suspender la subasta por defecto de forma y por no haber comunicado a tiempo a Hacienda su interés por el fortín. A la postre, en 1969, el castell de Alaró aparece inscrito en el Ministerio de Cultura.
El Consell aportó ayer un documento nuevo de la delegación de Hacienda sobre el cual los medios no tenían hasta ahora conocimiento. Se trata de un escrito fechado el 27 de enero de 1965 en el que se demanda la personificación de Antonio Ordinas Català en la oficina de la delegación de Hacienda con la escritura de propiedad de la finca colindante con el llamado castell de Alaró, "ya que según ha informado el respectivo ayuntamiento usted (dirigiéndose a Ordinas) es propietario de la finca colindante con la propiedad del Estado". Según indica el citado documento, esta petición de comparecencia en Hacienda era para llevar a cabo las "comprobaciones pertinentes en los trabajos que se estaban realizando en esos momentos para el perfeccionamiento del Inventario de los Bienes del Estado".
El presidente de la Fundació Castell de Alaró, Mateu Marcús, añadió que se está todavía investigando la documentación depositada en el Registro de la Propiedad.