Vista panorámica de las obras en la possessió de Son Balaguer. Fotos: Cedidas por Pro Camins Públics i Oberts
M. CAÑELLAS. PUIGPUNYENT. Poco queda ya de la antigua finca de Son Balaguer. La reforma a la que está siendo sometida por la promotora Dasvidania S. L. desde hace poco más de un año ha acabado desvirtuando la tradicional fisonomía de esta popular possessió del siglo XIII. Los cambios en las fachadas y en su estructura interna son evidentes, como también la desaparición de elementos patrimoniales de gran valor etnológico. Así lo afirma la plataforma Pro Camins Públics i Oberts, que el pasado lunes presentó una denuncia ante el departamento de Territorio del Consell de Mallorca.
Esta entidad recoge ahora el testigo de todos aquellos vecinos que en febrero de 2007 ya dieron la voz de alarma e insta al Consell a declarar nula la licencia de obras concedida por el ayuntamiento de Puigpunyent. Alegan, para ello, que el permiso otorgado inicialmente para ejecutar "una reforma" no se corresponde con el proyecto que se está acometiendo ya que "no mantiene ni uno solo de los elementos originales". Detallan así que el aljibe ha sido sustituido por una edificación de dos plantas, que las cubiertas y la volumetría original del interior han sido desvirtuadas o que han destruido notables piezas patrimoniales como la almazara, un arco conopial medieval así como los restos de la antigua alquería andalusí.
Es más, desde la plataforma aseguran que la intención de la promotora no es otra que habilitar un hotel rural, cuando la ley de suelo rústico prohíbe este tipo de establecimientos en zonas naturales de especial interés, como sucede en este caso. Dudan, además, de que hayan tramitado el pertinente cambio de uso ante la institución insular, cuyos técnicos procederán a estudiar las presuntas ilegalidades, informaron desde el departamento de Territorio, que decretaría la paralización de las obras en el caso de que se ratificasen las irregularidades denunciadas, añadieron.
Patrimonio, por su parte, analizará igualmente la denuncia, aunque la protección de que goza esta finca es mínima, explicaron fuentes del citado departamento, ya que el Ayuntamiento aún no ha aprobado el catálogo de bienes patrimoniales.
El alcalde, Joan Ferrà, por su parte, dijo desconocer que se esté construyendo un agroturismo. "Nosotros sólo concedimos un permiso para reformar las casas, destinadas a vivienda", explicó el munícipe, al tiempo que recordó que el Consistorio ya abrió un expediente contra la promotora, a la que le impuso una sanción de 12.000 euros, además de obligarle a la demolición de dos construcciones ilegales que se habían edificado. Indicó, asimismo, que los técnicos están evaluando una modificación del proyecto presentada recientemente y que el Consistorio actuará en base a lo que decidan los celadores.
Esta entidad recoge ahora el testigo de todos aquellos vecinos que en febrero de 2007 ya dieron la voz de alarma e insta al Consell a declarar nula la licencia de obras concedida por el ayuntamiento de Puigpunyent. Alegan, para ello, que el permiso otorgado inicialmente para ejecutar "una reforma" no se corresponde con el proyecto que se está acometiendo ya que "no mantiene ni uno solo de los elementos originales". Detallan así que el aljibe ha sido sustituido por una edificación de dos plantas, que las cubiertas y la volumetría original del interior han sido desvirtuadas o que han destruido notables piezas patrimoniales como la almazara, un arco conopial medieval así como los restos de la antigua alquería andalusí.
Es más, desde la plataforma aseguran que la intención de la promotora no es otra que habilitar un hotel rural, cuando la ley de suelo rústico prohíbe este tipo de establecimientos en zonas naturales de especial interés, como sucede en este caso. Dudan, además, de que hayan tramitado el pertinente cambio de uso ante la institución insular, cuyos técnicos procederán a estudiar las presuntas ilegalidades, informaron desde el departamento de Territorio, que decretaría la paralización de las obras en el caso de que se ratificasen las irregularidades denunciadas, añadieron.
Patrimonio, por su parte, analizará igualmente la denuncia, aunque la protección de que goza esta finca es mínima, explicaron fuentes del citado departamento, ya que el Ayuntamiento aún no ha aprobado el catálogo de bienes patrimoniales.
El alcalde, Joan Ferrà, por su parte, dijo desconocer que se esté construyendo un agroturismo. "Nosotros sólo concedimos un permiso para reformar las casas, destinadas a vivienda", explicó el munícipe, al tiempo que recordó que el Consistorio ya abrió un expediente contra la promotora, a la que le impuso una sanción de 12.000 euros, además de obligarle a la demolición de dos construcciones ilegales que se habían edificado. Indicó, asimismo, que los técnicos están evaluando una modificación del proyecto presentada recientemente y que el Consistorio actuará en base a lo que decidan los celadores.