Una comisión técnica formada por los cuatro consells insulares estudia cambiar la legislación vigente de Patrimonio para evitar pérdidas de inmuebles como el viejo cuartel de la Colònia
M. ELENA VALLÉS. PALMA. Evitar más derribos de edificios con valor patrimonial e histórico. Éste es el objeto de los cambios que se incluirán en la legislación comunitaria en materia de Patrimonio.
El último caso ocurrió el pasado jueves. El cuartel de carabineros en la Colònia de Sant Jordi fue demolido pese a la orden de paralización del Consell de Mallorca. Hace pocos meses, Can Dols (Calvià) se despertó entre escombros, y donde se levantaba Can Belembé, se construyeron chalés adosados. Ante tal situación, el Govern se ha puesto manos a la obra. La comisión técnica creada ex profeso para el cambio normativo estudiará las propuestas de modificación que les hagan llegar los Consells.
El de Mallorca ya cuenta con un borrador de posibles cambios. Uno muy urgente en una legislación que en diciembre cumplirá once años: convertir en prescriptivas y obligatorias las recomendaciones que el Consell emite a un municipio para que catalogue determinado inmueble por su valor histórico. Tal y como explicó a DIARIO de MALLORCA el director insular de Patrimonio, Biel Cerdà, "en estos momentos, nuestra institución no puede obligar a un ayuntamiento a catalogar un edificio que los técnicos de la casa consideran que debe estar protegido por figuras jurídicas no tan elevadas como la de Bien de Interés Cultural o Bien Catalogado, ambas otorgadas por el Consell". Si la comisión aceptara la propuesta y se llegará a votar por ella en el Parlamento, las recomendaciones del Consell pasarían a ser imperativos.
Otro de los aspectos que debería tomar forma en la normativa es la inclusión de lo que se conoce como arqueología vertical. A saber, los vestigios que también se encuentran más allá del subsuelo; es decir, en paredes y muros. "En lugares con un Plan Especial, como el centro histórico de Palma, todas las reformas pasan por una comisión municipal de Centro Histórico. Cuando se aprueba la intervención en un inmueble, el Consell suele prescribir un control arqueológico del subsuelo. Pero no puede obligar a hacer catas en las paredes", prosigue Cerdà. Para ejemplificar, cabe recordar que en un antiguo casal de la calle San Miguel –en el número 12–, el Consell no pudo actuar ante el derribo de unas paredes que ocultaban pinturas del siglo XVIII.
Otras cuestiones en la lista de los retoques: imprecisiones lingüísticas y la simplificación del Decreto 144/2000 del reglamento de intervenciones arqueológicas y paleontológicas. "Tenemos que unificar términos: ¿lo llamamos control arqueológico o seguimiento? Y especificar algunos procedimientos administrativos", añade Cerdà.
La ley autonómica deberá adaptarse también a los cambios que sufra la legislación estatal de Patrimonio, cuya reforma está en marcha. "Deberemos tener en cuenta cómo trata Madrid la cuestión del patrimonio subacuático y del ahora llamado inmaterial", concluye el responsable del Consell.
El último caso ocurrió el pasado jueves. El cuartel de carabineros en la Colònia de Sant Jordi fue demolido pese a la orden de paralización del Consell de Mallorca. Hace pocos meses, Can Dols (Calvià) se despertó entre escombros, y donde se levantaba Can Belembé, se construyeron chalés adosados. Ante tal situación, el Govern se ha puesto manos a la obra. La comisión técnica creada ex profeso para el cambio normativo estudiará las propuestas de modificación que les hagan llegar los Consells.
El de Mallorca ya cuenta con un borrador de posibles cambios. Uno muy urgente en una legislación que en diciembre cumplirá once años: convertir en prescriptivas y obligatorias las recomendaciones que el Consell emite a un municipio para que catalogue determinado inmueble por su valor histórico. Tal y como explicó a DIARIO de MALLORCA el director insular de Patrimonio, Biel Cerdà, "en estos momentos, nuestra institución no puede obligar a un ayuntamiento a catalogar un edificio que los técnicos de la casa consideran que debe estar protegido por figuras jurídicas no tan elevadas como la de Bien de Interés Cultural o Bien Catalogado, ambas otorgadas por el Consell". Si la comisión aceptara la propuesta y se llegará a votar por ella en el Parlamento, las recomendaciones del Consell pasarían a ser imperativos.
Otro de los aspectos que debería tomar forma en la normativa es la inclusión de lo que se conoce como arqueología vertical. A saber, los vestigios que también se encuentran más allá del subsuelo; es decir, en paredes y muros. "En lugares con un Plan Especial, como el centro histórico de Palma, todas las reformas pasan por una comisión municipal de Centro Histórico. Cuando se aprueba la intervención en un inmueble, el Consell suele prescribir un control arqueológico del subsuelo. Pero no puede obligar a hacer catas en las paredes", prosigue Cerdà. Para ejemplificar, cabe recordar que en un antiguo casal de la calle San Miguel –en el número 12–, el Consell no pudo actuar ante el derribo de unas paredes que ocultaban pinturas del siglo XVIII.
Otras cuestiones en la lista de los retoques: imprecisiones lingüísticas y la simplificación del Decreto 144/2000 del reglamento de intervenciones arqueológicas y paleontológicas. "Tenemos que unificar términos: ¿lo llamamos control arqueológico o seguimiento? Y especificar algunos procedimientos administrativos", añade Cerdà.
La ley autonómica deberá adaptarse también a los cambios que sufra la legislación estatal de Patrimonio, cuya reforma está en marcha. "Deberemos tener en cuenta cómo trata Madrid la cuestión del patrimonio subacuático y del ahora llamado inmaterial", concluye el responsable del Consell.