elmundo.es/Baleares 2-10-2009Patrimonio ordenó parar la demolición la semana pasada
ARCA anuncia medidas penales
Enrique Fueris Ses Salines. Y Burguera cumplió su amenaza. El antiguo cuartel de carabineros de la Colònia de Sant Jordi ya no existe como tal sino como montón de escombros merced a la acción de las excavadoras movilizadas por el Ayuntamiento. La orden de paralización de derribo del Consell ha tardado exactamente una semana en convertirse en papel mojado y ahora tanto la Dirección de Cultura y Patrimonio de la institución insular como la Asociación para la Rehabilitación de Centros Históricos (ARCA) preparan medidas legales contra el alcalde de Ses Salines al entender que ha podido incurrir en un delito contra el patrimonio.
La sorpresa saltó a primera hora de la mañana, cuando los obreros demolieron las paredes del edificio. Poco después llegarían las cámaras de televisión pero ya no quedaba rastro de trabajador alguno en el lugar. ARCA, que durante todo estos meses se ha erigido en la voz protectora del edificio, no tardó en emitir un comunicado con tintes de declaración de guerra: «pediremos consecuencias penales y actuaremos ante los tribunales con todas nuestras fuerzas».
La portavoz de la asociación, Àngels Fermoselle, declaraba su pesar a este rotativo al tiempo que remarcaba la intención de la entidad que representa de «exigir una depuración de responsabilidades». «Creemos que existen responsabilidades penales; el alcalde (Sebastià Burguera) ha destruido el edificio pero nos negamos a permitir que se salga con la suya», advierte Fermoselle para subrayar que Burguera ha actuado con total conocimiento de causa, ya que tanto ARCA como el Consell le informaron de los valores del edificio adjuntando incluso informes científicos de expertos de la Universitat de les Illes Balears (UIB). «Atentar contra un valor patrimonial puede constituir un delito», recuerda.
Máxime cuando existen órdenes de autoridades superiores. El director insular de Patrimonio y Cultura, Biel Cerdà, afirmó que su departamento también trabaja por su parte en las consecuencias legales que puede tener esta «desagradable situación» y confirmó que ahora todo está en manos de sus servicios jurídicos. Cerdà señala que estaba previsto que este mismo mes se tratara en el Consell la posible protección del edificio. «Nuestros técnicos no lo veían como un BIC (Bien de Interés Cultural) pero sí como un elemento de catálogo patrimonial municipal y así se lo hicimos saber al Ayuntamiento». El hecho de que éste mantenga que la instancia de paralización «no era una orden» suena a «excusa» para Cerdà, ya que «estamos hablando de una autoridad superior».
Cuando la semana pasada se iniciaron las obras de demolición, Patrimonio envió un inspector con un decreto de paralización de las obras que fue acatado. No obstante, el Consistorio siempre mantuvo que había detenido la demolición por voluntad propia, ya que el acta de inspección del Consell «nos instaba a parar pero no nos lo ordenaba».
El equipo de gobierno municipal sostiene que se ha actuado correctamente en virtud al convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior –titular del edificio–, el cual contempla la demolición del cuartel (obras actualmente enmarcadas en el Plan E) para la posterior reapertura de la calle Sol y la obtención de un solar por parte del municipio. «Es el Ministerio el que obligaba a la demolición del edificio según lo establecido en un convenio que se firmó hace ya años», afirma el teniente de alcalde Tomeu Lladonet.
La sorpresa saltó a primera hora de la mañana, cuando los obreros demolieron las paredes del edificio. Poco después llegarían las cámaras de televisión pero ya no quedaba rastro de trabajador alguno en el lugar. ARCA, que durante todo estos meses se ha erigido en la voz protectora del edificio, no tardó en emitir un comunicado con tintes de declaración de guerra: «pediremos consecuencias penales y actuaremos ante los tribunales con todas nuestras fuerzas».
La portavoz de la asociación, Àngels Fermoselle, declaraba su pesar a este rotativo al tiempo que remarcaba la intención de la entidad que representa de «exigir una depuración de responsabilidades». «Creemos que existen responsabilidades penales; el alcalde (Sebastià Burguera) ha destruido el edificio pero nos negamos a permitir que se salga con la suya», advierte Fermoselle para subrayar que Burguera ha actuado con total conocimiento de causa, ya que tanto ARCA como el Consell le informaron de los valores del edificio adjuntando incluso informes científicos de expertos de la Universitat de les Illes Balears (UIB). «Atentar contra un valor patrimonial puede constituir un delito», recuerda.
Máxime cuando existen órdenes de autoridades superiores. El director insular de Patrimonio y Cultura, Biel Cerdà, afirmó que su departamento también trabaja por su parte en las consecuencias legales que puede tener esta «desagradable situación» y confirmó que ahora todo está en manos de sus servicios jurídicos. Cerdà señala que estaba previsto que este mismo mes se tratara en el Consell la posible protección del edificio. «Nuestros técnicos no lo veían como un BIC (Bien de Interés Cultural) pero sí como un elemento de catálogo patrimonial municipal y así se lo hicimos saber al Ayuntamiento». El hecho de que éste mantenga que la instancia de paralización «no era una orden» suena a «excusa» para Cerdà, ya que «estamos hablando de una autoridad superior».
Cuando la semana pasada se iniciaron las obras de demolición, Patrimonio envió un inspector con un decreto de paralización de las obras que fue acatado. No obstante, el Consistorio siempre mantuvo que había detenido la demolición por voluntad propia, ya que el acta de inspección del Consell «nos instaba a parar pero no nos lo ordenaba».
El equipo de gobierno municipal sostiene que se ha actuado correctamente en virtud al convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior –titular del edificio–, el cual contempla la demolición del cuartel (obras actualmente enmarcadas en el Plan E) para la posterior reapertura de la calle Sol y la obtención de un solar por parte del municipio. «Es el Ministerio el que obligaba a la demolición del edificio según lo establecido en un convenio que se firmó hace ya años», afirma el teniente de alcalde Tomeu Lladonet.
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