Patrimonio, dispuesto a pagar un centro arqueológico alternativo a Son Rossinyol

diariodemallorca.es 13-1-2009

Mascaró está abierta al diálogo con la comunidad de arqueólogos para que le propongan un espacio preparado para la investigación "como no estaba Son Rossinyol"

M. ELENA VALLÉS. PALMA. Ante el abandono previsto para febrero del centro de arqueología y restauración Son Rossinyol por parte del Consell, la comunidad de arqueólogos ha reaccionado demandando a la institución insular una alternativa. La consellera de Cultura y Patrimonio de esta administración, Joana Lluïsa Mascaró, ha tenido un turno de réplica que se ha convertido en un acto conciliador con los científicos: "Si ellos encuentran un espacio apto para investigar, el Consell lo subvencionará. También deberían estudiarse otros locales del propio Consell o de otras consellerias. O incluso si los propios ayuntamientos donde se está llevando a cabo determinada excavación cede alguna sala adecuada para investigar".
Mascaró tiene voluntad y vocación para arreglar el problema, sólo que "no quiero que el dinero -Son Rossinyol costaba 60.000 euros al año- se malgaste en un espacio que no es adecuado mientras buscamos otro", insiste.
La presidenta de la Sección de Arqueología del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Balears, Francisca Torres, registró ayer un escrito de queja en las dependencias del Consell por el cierre de las instalaciones de Son Rossinyol, previstas para febrero, tal y como publicó DIARIO de MALLORCA la semana pasada.
En el texto, se señala que abandonar Son Rossinyol significará aumentar la precariedad y el déficit existente en Mallorca en cuanto a laboratorios de arqueología. En estos momentos, sólo se puede trabajar en el de la Universitat de les Illes Balears (UIB), dedicado exclusivamente a las intervenciones realizadas por la comunidad universitaria, y unas pequeñas dependencias de carácter municipal. El Museu de Mallorca únicamente dispone de una sala de unos 20 metros cuadrados donde sólo puede trabajar un único equipo de arqueólogos a la vez.
Asimismo señalan que en los últimos años sí que varios investigadores han trabajado o depositado materiales en Son Rossinyol en contra de lo declarado por Mascaró días antes. Y que "dadas las dificultades durante la anterior legislatura para poder saber quién podía trabajar o depositar en Son Rossinyol, la junta de la Sección de Arqueología pidió en diversas ocasiones al Consell cuál era el protocolo para poder acceder a las instalaciones de este centro arqueológico".
Mascaró incide en este punto y argumenta que la solicitud para usar las salas de Son Rossinyol debe hacerse en las dependencias de Patrimonio del Consell y que los protocolos son los mismos que los de la anterior legislatura, que fue cuando Unió Mallorquina decidió alquilar Son Rossinyol para fundar allí el centro de arqueología referencial de la isla. En cuanto a la utilidad de las dependencias, señala que hay un "vacío legal" en el sentido de que la Ley de Patrimonio indica que sólo se pueden depositar las piezas halladas en una excavación en un museo de titularidad pública. "En un momento determinado, se llevaron piezas a Son Rossinyol y legalmente no podían estar ahí. Es cierto que cuando un equipo hace una excavación y encuentra materiales los debe entregar siglados y con una memoria a un museo. Pero, ¿dónde se deben siglar o dónde se debe hacer la memoria? En Manacor o en Montuïri cuentan por ejemplo con unos espacios municipales para hacerlo. En la anterior legislatura ya se les ofreció la subvención de un espacio y que ellos lo gestionaran, pero los arqueólogos no estuvieron de acuerdo".
En el escrito remitido a la consellera, la Sección de Arqueología reconoce que el director insular de Patrimonio, Biel Cerdà, ya les ofreció esta posibilidad de alquilar un local que supliera Son Rossinyol con las instalaciones y personal adecuado. Aquí el comunicado de la Sección de Arqueología alega: "Dada la magnitud del proyecto, la Sección desestimó aceptar tal ofrecimiento y consideró que esta labor es obligación de la administración competente, en este caso el Consell de Mallorca, que puede disponer de la infraestructura económica y personal para hacerlo".
En definitiva, el consenso entre ambas partes parece remoto.