. El Estado admite el parón a la espera de una decisión judicial y el Consell aguarda su respuesta para poder paliar los daños
Las obras afectadas se localizan en la entrada del castell así como en parte de la muralla.
LOURDES DURÁN. PALMA. La disputa por la propiedad del castell de Alaró afecta a una serie de obras de "urgencia" en el recinto fortificado y aledaños. Desde Patrimonio del Consell de Mallorca se remitieron el pasado mes de diciembre varias cartas al ministerio de Cultura para pedir permiso y con él llevar a cabo las reformas "necesarias" en la torre de entrada, conocida como Torre de ses Ànimes, así como en parte de la muralla del mismo.
"Puede haber peligro de derrumbe y al ser la zona de paso, entraña un riesgo considerable hacia todas aquellas personas que acceden al castell", subrayó Biel Cerdà, director insular Patrimonio. Aún no ha recibido contestación desde el ministerio que preside César Antonio Molina.
La espada de doble filo pende sobre cualquier acción que se quiera llevar a cabo en el recinto. La familia Ordinas, representada por el hijo del propietario y a su vez abogado, Miguel Ángel Ordinas, ha reiterado a este diario que "si el Consell inicia cualquier obra, emprenderemos las oportunas acciones judiciales en virtud de que somos los dueños legítimos".
Ordinas se parapeta en el Registro de la Propiedad en el que consta que la familia es propietaria y que el castillo "es de propiedad privada desde 1885", según consta en el Registro de la Propiedad número 2 en Inca. Fue en 1935, y en pública subasta, cuando el abuelo de Miguel Ángel Ordinas adquirió la finca 240, formada por todo el monte y las murallas. El oratorio no es de la familia, sino que pertenece al Obispado. El letrado de la familia negó haber recibido notificación alguna desde el Consell ni por parte de Cultura.
Desde el ministerio se ha admitido que "el tema del castillo está pendiente de una decisión judicial".
También desde el Consell se aguarda que el Estado -al que ya señalan como propietario de la fortificación- dé los pasos oportunos para dejar sentado documentalmente que, efectivamente, es dueño de un castillo que amenaza ruina. "Hemos pedido la autorización para llevar estas acciones necesarias a quien creemos que es el propietario. El ministerio, al menos en boca de su titular, lo afirmó en su visita a Mallorca", señaló Biel Cerdà.
Las cartas han sido dirigidas a Luis Lafuente, de Patrimonio del ministerio de Cultura, y "como aún no hemos recibido contestación, volveremos a solicitar el permiso para intervenir y enviar a los técnicos del Consell a que evalúen los daños que sufre el castell de Alaró", indicó el responsable de Patrimonio.
Es larga y profusa la historia que ciñe al castell de Alaró. Enfrentados los vecinos -incluso se han constituido en plataforma que no dudó en acudir a la sede del Consell de Mallorca en febrero del 2007 para que éste asumiera su responsabilidad- contra el propietario, Lorenzo Ordinas, la historia dio un giro copernicano al aparecer unos documentos.
Un anterior funcionario de Hacienda halló unos papeles que daban cuenta de que el Estado era el propietario de la fortificación. Desde el Consistorio de Alaró y el propio Consell remitieron los papeles a Madrid.
En ellos se encuentra el acta de afectación al ministerio de Educación y Ciencia con fecha de 19 de noviembre de 1969, según la cual le era entregada la propiedad desde Hacienda.
En 1864 el Ayuntamiento de Alaró era el propietario del castillo. El fortín y su finca fueron incautados en cumplimiento de la Desamortización de 1885. Hacienda lo declaró bien inalienable en 1968 y remitió documentación descriptiva sobre el estado ruinoso del edificio. El ministerio de Educación demandó suspender la subasta pública del castillo. Al ser transferidas las competencias culturales a la Comunitat Autònoma en 1983, no constó que el castell de Alaró pertenecía al patrimonio del Estado.
Tras la publicación de esta novedad que daba un vuelco a la pugna, la familia Ordinas mostraba su documentación que contradecía la versión oficial.
En la primera visita a Mallorca del ministro de Cultura, César Antonio Molina incidió en que su departamento había corroborado la titularidad estatal del castillo, aunque dos días después se corrigió a sí mismo con un cauteloso: "Consta una documentación por la cual algo o la totalidad del castillo fue del Estado, pero hay que investigarlo y no queremos guerra con los particulares".
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