El Govern cambiará la legislación autonómica de Patrimonio Histórico

diariodemallorca.es 20-2-2009
Las modificaciones se aplicarán al articulado relativo al registro, entrega y almacenamiento de materiales recogido en el reglamento de intervenciones arqueológicas y paleontológicas

M. ELENA VALLÉS. PALMA. Las desavenencias desatadas entre la comunidad de arqueólogos y el Museu de Mallorca fructificarán en un cambio de la legislación en materia de Patrimonio Histórico. Yendo al grano, el Govern retocará la normativa con el fin de mejorar la gestión de las piezas halladas en yacimientos arqueológicos.
La junta interinsular de Patrimonio Histórico (formada por la conselleria de Cultura y distintos representantes de los consells insulares) se reunió ayer con el fin de poner en marcha varias actuaciones que conducirán finalmente a la modificación del reglamento de intervenciones arqueológicas y paleontológicas -aprobado por decreto en octubre del año 2000-, "e incluso de la ley autonómica de Patrimonio Histórico", sentenció el director general de Cultura, Pere Joan Martorell, vocal de la junta. Durante el encuentro se tomó también la decisión de crear una comisión técnica que será la encargada de estudiar las distintas propuestas que los consells insulares, administraciones que detentan las competencias en patrimonio, le remitirán para modificar la legislación.
El articulado que ha suscitado las quejas de los arqueólogos es el referido al registro de los materiales hallados en excavaciones, los cuales, una vez limpios y numerados, deberán llevar unas siglas que coincidan con las que figuran en el inventario del museo. Todo para facilitar la posterior ordenación museográfica y la integración en los fondos del museo. Dicha sigla identificadora del material de una campaña es concedida por ley por el centro depositario de las piezas al excavador cuando éste comunica al museo el inicio de la excavación.
Otros de los puntos que también serán discutidos y probablemente modificados son los referentes a la entrega, depósito y almacenamiento de materiales. En estos momentos, la ley dice que el director de la excavación tiene que entregar el material hallado en el plazo de un año, prorrogable si así se solicita y la administración competente se lo concede.
En estos momentos, la sigla que proporciona el Museu de Mallorca a los arqueólogos que la solicitan es la recomendada por el ICOM (el Consejo Internacional de Museos que depende de la UNESCO).
Los arqueólogos vienen quejándose hace cierto tiempo del modo en que la directora de este museo, Joana Maria Palou, aplica la normativa. Martorell expresó el pasado 21 de enero su intención de que se llegue a un consenso entre todas las partes: "Entiendo también a los arqueólogos cuando dicen que el sistema actual de identificación de piezas es muy meticuloso. Si hay restos de un cadáver, quizás sea exagerado que cada hueso lleve siglas si está todo ese material en la misma caja o bolsa". La propuesta de registro de piezas que elaborarán los científicos también será tenida en cuenta para cambiar la ley.

El origen: el cisma entre los arqueólogos y el Museu de Mallorca
M. E. VALLÉS. PALMA. El Govern está moviendo ficha y no mira para otro lado cuando se han hecho públicas las discrepancias entre la comunidad de arqueólogos y el Museu de Mallorca acerca de la gestión, registro y entrega de las piezas extraídas de los yacimientos y campañas arqueológicas que se llevan a cabo en la isla.
El origen de la disputa se conoció el pasado 18 de diciembre, cuando DIARIO de MALLORCA dio a conocer la noticia de que la comunidad de arqueólogos había decidido remitir una queja al Govern contra la gestión de dicho museo.
Pasados varios días, la consellera de Cultura, Bàrbara Galmés, tomó la decisión de someter al Museu de Mallorca a una auditoría, petición recogida en un escrito ratificado por la Sección de Arqueología del Colegio Oficial de Licenciados en Filosofía y Letras y enviado a la consellera.
Cultura anunció que la auditoría al centro vendría por una doble vía. Por un lado, arrancaría con la investigación el propio servicio de calidad del Govern y a continuación tomaría el testigo una empresa externa a la comunidad llamada AEVAL (Agencial Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios), dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas.