Los arqueólogos critican que el Consell no haya encontrado aún otro Son Rossinyol

diariodemallorca.es 27-5-2009
Los investigadores no saben dónde podrán limpiar e inventariar los materiales antes de entregarlos al museo. El Consell dice que la ley no les obliga a habilitar un espacio para ello

M. ELENA VALLÉS. PALMA. La Sección Arqueológica del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Balears cree que la responsabilidad sobre los materiales recién extraídos de una excavación –sin limpiar, numerar ni inventariar– recae sobre la administración competente en temas de patrimonio; en este caso, el Consell. En cambio, esta institución dice que no es así apoyándose en el hecho de que la ley autonómica de Patrimonio no regula este punto, y por tanto no les obliga.
Esta introducción explica el centro de la discrepancia abierta entre la administración insular y la comunidad de arqueólogos sobre el centro arqueológico de Son Rossinyol, cuyo abandono fue anunciado por la consellera insular de Cultura, Joana Lluïsa Mascaró, a principios de año, "pues resulta un dispendio elevado –4.500 euros mensuales de alquiler– y no es realmente empleado como centro de investigación por los arqueólogos, ya que en los últimos dos años el Consell no ha recibido ninguna propuesta por escrito para usarlo", explicó a este diario el director insular de Patrimonio, Biel Cerdà. Mascaró añadió en este sentido que en realidad Son Rossinyol sólo se estaba usando como depósito de materiales.
La presidenta de la Sección de Arqueología, Francisca Torres, aclaró a este rotativo que no se había realizado ninguna petición por escrito porque "la sección preguntó cuál era el protocolo de uso de ese espacio (horarios, etc.) y jamás recibió una respuesta por parte del?Consell". Torres aseguró que verbalmente sí se había pedido permiso para trabajar, "tanto es así que incluso se han publicado recientemente artículos científicos en los que se cita Son Rossinyol como lugar en el que se ha llevado a cabo la investigación".
Actualmente, el Consell continúa pagando el alquiler de Son Rossinyol, cuyo contrato expira en octubre de este año. Cabe recordar que la consellera hizo públicas a principios de año sus intenciones de abandonar el centro en febrero, aunque finalmente no ha podido ser así habida cuenta de que aún hay ahí algunos arqueólogos que están terminando de limpiar, siglar e inventariar materiales que deben entregar en breve (cuentan con un año de plazo con posibilidad de dos prórrogas) al Museu de Mallorca, tal y como les obliga la legislación vigente. Otros investigadores sí han sacado todos los materiales de la excavación que dirigían.
Torres advirtió que el problema deviene cuando se encuentran grandes cantidades de material en excavaciones de urgencia que van ligadas a una obra, pues las que forman parte de un proyecto de investigación ya cuentan con sus propios espacios (universidad, museo u otros) para llevar a cabo las tareas previas a la entrega del material al museo. Cerdà explicó que en este caso es el promotor de la obra quien debe habilitar un espacio al investigador que paga para que realice el control arqueológico en la misma. "Se trata de una cuestión de negociación con el promotor", indicó, "y de que nosotros podamos ayudar". Pese a ello, aseguró que se está trabajando desde su departamento para dar una solución al problema.
Torres continuó diciendo que Balears es una de las pocas comunidades en las que los investigadores no cuentan con un espacio público para realizar estas tareas. "En la Península, hay museos que cuentan con estos espacios o en Barcelona, por ejemplo, están las naves de la Zona Franca. Lo que está claro es que el investigador no puede tener la responsabilidad de custodiar esos bienes públicos en su casa", concluyó.
Mascaró matizó a Torres: "No conozco en España centros exclusivamente públicos para llevar a cabo estas tareas de análisis previas al depósito en el museo. En todo caso se firman convenios o las administraciones ofrecen ayudas a los investigadores para que puedan mantener estos espacios".