El jefe de servicio del departamento insular de Cultura y Patrimonio instó a sus superiores a llevar al Ayuntamiento de Ses Salines ante la Fiscalía Superior de Baleares por el derrumbe del cuartel de los carabineros de la Colònia de Sant Jordi. Miquel Barceló, número 2 del departamento, elaboró un extenso informe en el que daba cuenta de las infracciones del equipo de gobierno encabezado por el alcalde socialista Sebastià Burguera y apuntaba a la comisión de un posible triple delito por parte del mismo. concreto, Barceló señalaba que el Consistorio podría haber incurrido en sendos delitos de prevaricación y de desobediencia además de un tercero contra el patrimonio histórico, por lo que trasladaba a la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Joana Lluïsa Mascaró que presentó la dimisión del cargo el pasado jueves la necesidad de llevar el informe ante la Fiscalía.
Un inspector de Patrimonio Histórico acudió el pasado 22 de septiembre a Ses Salines con un acta que instaba a la paralización de las tareas de derribo del cuartel, el cual ya había sido despojado del tejado y las persianas. Dos días más tarde, Mascaró dictaba una resolución de suspensión de las obras que además instaba al Ayuntamiento a "tomar todas las medidas necesarias para garantizar la preservación del inmueble". Lejos de acatar las órdenes del Consell, el 1 de octubre Burguera enviaba las excavadoras para que finiquitaran el trabajo y consumaran el derribo. Una tercera parte del edificio fue reducida a escombros justo antes de que el fax del Ayuntamiento emitiera la resolución de suspensión de obras que Mascaró había dictado una semana antes.
Una semana tarde
A pesar de que la resolución de Mascaró llegó con retraso una semana de demora que, según explica la todavía consellera insular (su dimisión se hará efectiva el próximo miércoles), se ajusta al periodo de tramitación habitual, el hecho es que el Ayuntamiento contaba ya con el acta del inspector de Patrimonio, instrucciones que decidió ignorar.
Según el informe de Barceló, entregado el pasado 5 de octubre, el incumplimiento de la orden dictada en el acta del inspector de Patrimonio constituye una infracción "de extrema gravedad" que además "ha supuesto la destrucción de un elemento que forma parte integrante de nuestro patrimonio histórico".
El Consistorio, prosigue el informe, no puede ampararse en el desconocimiento para excusar su actuación ya que, acta de inspección aparte, en sus manos obraba también un informe de técnicos de Patrimonio que establecía que la destrucción del edificio "supondría la pérdida de un elemento significativo del patrimonio histórico-ambiental". El incumplimiento pues, se encarga de subrayar el informe, fue "consciente".
Por su parte, Mascaró declaró a este rotativo que los servicios jurídicos y técnicos del Consell todavía están estudiando la posibilidad de iniciar medidas penales contra Burguera y su equipo. Por otra parte, el tiempo fijado para la paralización de las obras es de tres meses, tiempo suficiente, opina Mascaró, para que se desentrden las complejidades legales del caso.
No obstante, la situación parece haber entrado en un punto muerto después de que la Ponencia Técnica de Patrimonio resolviera hace 15 días instar a la protección del cuartel dotándolo de la categoría de Bien Catalogado. La Comisión política del pasado viernes debía ratificar la resolución de los técnicos y proteger definitivamente el cuartel (instando al mismo tiempo a su reconstrucción) pero inesperadamente el punto fue retirado del orden del día. Según la Comisión, la decisión fue tomada a raíz de las dudas sobre si compete o no al Consell la protección de un elemento patrimonial que es propiedad del Estado.
Por otro lado, especialistas como la Asociación para la Revitalización de Cascos Antiguos (ARCA) aseguran que la institución insular es libre de actuar sobre cualquier bien de la Isla susceptible de ser catalogado más allá de la titularidad del mismo.
Por otra parte, el equipo de gobierno saliner continúa parapetado precisamente en la titularidad del cuartel; Burguera y los suyos justificaron desde el primer día el derribo aduciendo que el edificio era propiedad del Ministerio del Interior y que su demolición obedece al convenio firmado hace varios años entre ambas instituciones.
La destrucción del edificio se enmarca en el Plan E del municipio y según el acuerdo con Interior, el Ayuntamiento recibiría un solar a cambio, amén de la reapertura de la calle Sol. Burguera afirma que ha actuado bajo lo acordado en dicho convenio y que el acte de inspección que ordenaba la paralización de las obras noera una orden sino una "instancia" no vinculante.
No son las únicas instrucciones del Consell desoídas por el alcalde de Ses Salines; sobre Burguera todavía pende una orden de demolición de su chalé ilegal, ubicado en el término municipal de Campos. El primer edil construyó una vivienda de dos plantas valiéndose de una licencia de obra menor para cambiar un tejado.
El arquitecto municipal se opuso al derribo tras leer los informes
En un principio responsable principal de las tareas de derribo, el aquitecto municipal de Ses Salines, Antoni Campins, cambió radicalmente su opinión sobre el cuartel después de leer los informes que instaban a su protección.
El arquitecto de Ses Salines fue puesto al corriente por ARCA sobre los valores patrimoniales del edificio al iniciarse las conversaciones entre la asociación y Consistorio, a principios de este año. Si bien los informes de ARCA apenas hicieron mella en el equipo de gobierno, en el caso de Campins lograron que éste cambiara su parecer y se posicionara en favor de la conservación del inmueble. Una vez reconducidas sus ideas, Campins cayó en la más absoluta ignorancia por parte de los gobernantes locales, que obviaron sus posteriores informes a favor de la catalogación municipal del inmueble.
Entre los textos aportados por ARCA al ayuntamiento figuraban informes detallados del departamento de Cièncias Històricas i Teoria de les Arts de la UIB y de la propia Dirección Insular de Cultura y Patrimonio del Conssell, amén de otros firmados por reputados historiadores y arquitectos que igualmente manifestaban la necesidad de proteger el cuartel.
Entre los valores que dichas entidades destacaron del edificio figuran sus valores arquitectónicos e históricos y se subraya el aliciente de su buen estado de conservación. Además diversos arquitectos señalaban que no "existen necesidades reales de tránsito" para tirar el edificio y reabrir la calle Sol.
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